sábado, 30 de septiembre de 2017

¿Qué pasará tras el 1 de octubre?


La situación que estamos viviendo en Cataluña es grave, muy grave. El parlamento catalán, con un apoyo muy ajustado, declara un Referéndum –ilegal, según la Constitución española-, que pretende preguntar a la sociedad catalana si quiere ser un país independiente. La cuestión es peliaguda, puesto que nuestra Constitución plantea que la unidad española es inviolable. Con la ley en la mano y atendiendo a la razón de estado, que una parte de un país se rebele desde sus instituciones es causa de conflicto serio. El estado español no puede permitir esto, gobierne quien gobierne. Romper un país es un proceso traumático y si el referéndum no es pactado, una declaración unilateral de independencia puede llevarnos a un desastre.

 No olvidemos la crisis profunda que tenemos en España, resultado de la recesión económica y los innumerables casos de corrupción política. El descontento de la gente ha sido canalizado de muchas formas y todo apunta a que, en Cataluña, el independentismo está consiguiendo dirigir ese malestar hacia “el estado español”. Yo soy español y no me considero culpable -como muchos compatriotas- ni de la Gurtel, ni del 3%, ni del robo de Pujol, ni de los tesoreros del PP, ni de la precariedad ni del paro.

El escenario es el que es y a estos problemas, sufridos por la mayoría de la sociedad, muchos intentan darles su solución particular. Para algunos es echar a Rajoy; para otros, buscar la anarquía o crear un país independiente.

Por otro lado, la policía cerrando imprentas y confiscando papeletas  nos plantea una situación un tanto extraña. El referéndum es ilegal, pero, en la batalla de la imagen, creo que los independentistas le están ganando al inmovilista de Rajoy. El presidente del gobierno ha pretendido dejar que se pudra el asunto del referéndum y se ha encontrado con el mayor problema institucional de la historia de esta democracia que nació en 1978. Aunque apele solo a los jueces, la Guardia Civil no podrá terminar con un problema político y una rebelión de este calado: ¿van a detener a cientos de miles de personas, entre los que hay profesores, bomberos, agricultores, estudiantes, etc., por portar un trozo de papel? Lo veo complicado.

La situación está movilizando a gente que no es independentista, pero a la que no le está gustando cómo se está intentando resolver el asunto. Como si fuera una peonza, el problema gira y gira y yo pregunto: si se hace algo ilegal, ¿cabe una respuesta que no incluya la policial?  No, pero la política tiene que jugar su papel. Escucho que con los separatistas  no se puede dialogar. Pero claro, quizás si no dialogas con nadie, haces que haya cada vez más independentistas.
 Me pregunto si es que a Rajoy no le interesa resolver este problema. Le puede venir bien electoralmente en el resto de España.

Podemos admitir que la Constitución de 1978 se haya quedado obsoleta, aunque todavía hay derechos no consolidados como el de la vivienda y el trabajo. Quizá deberíamos intentar que se cumpla más en vez de pedir que se cambie solo para que se ajuste a reivindicaciones patrióticas de cada lugar. Pero todas las ideas democráticas son respetables.

 Aprobar constituciones con tantos artículos y  difíciles de cambiar es lo que tiene. En EEUU no tienen este problema, puesto que su Constitución es un conjunto reducido de artículos y muchas enmiendas. Pero que nuestra Constitución esté tan blindada responde al hecho de que, en la historia de España, todo el que llegaba o bien aprobaba una constitución o una carta otorgada a su medida. Y esto también es peligroso.

Cuando se firmó la Constitución actual se salía de una dictadura de 40 años y se hizo lo que buenamente se pudo. Por eso ahora sería menester cambiarla; no obstante, hay que reconocer que este régimen institucional también ha conseguido grandes logros, entre los que cabe un grado de descentralización altísimo –el estado franquista era puramente centralista- y el desarrollo de un sistema de libertades también importante, si atendemos a cómo estábamos hace no muchas décadas.  La democracia debe seguir evolucionando, tenemos muchos problemas que resolver y un estado del bienestar que mejorar.

 Si se quisiera cambiar la carta magna para reconocer el derecho de Cataluña –o de otras comunidades autónomas- a separarse, sería necesario entrar en un complicado proceso. A saber:

Artículo 168.
1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo Segundo, Sec­ción 1.ª del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolu­ción inmediata de las Cortes.
2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
Para entendernos, el artículo que habla de la unidad de España se encuentra en el título preliminar. Es muy, pero que muy difícil, que se pueda aprobar una reforma en la que el tema de la autodeterminación sea aceptada por todos los españoles. Entonces, ¿qué camino nos queda?




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